A partir del resultado de nuevas diligencias realizadas en el marco de las actuaciones contravencionales iniciadas por el fiscal penal, Gustavo Torres Rubelt,ayer la jueza de Garantías 6, Sandra Espeche, dio a conocer la concesión de una medida solicitada por la fiscalía.
Se trata de un pedido de ampliación supletoria a la clausura preventiva, ya conseguida por el fiscal el 18 de mayo pasado. En este caso, Torres Rubelt volvió a solicitar al Juzgado de Garantías, a partir de nuevas pruebas, una medida judicial tendiente a frenar los riesgos de contaminación ambiental en la zona adyacente al criadero, teniendo en cuenta que a pesar de la clausura ya lograda, los animales siguen en el predio generando los mismos riesgos.
A tal efecto, la fiscalía dio a conocer el resultado de una serie de testimoniales realizadas entre vecinos de las instalaciones de la empresa Regata SA, ubicada en el camino Paraje El Corralito o Zona Cámara, frente a la escuela República de Venezuela, la cual alberga a una gran cantidad de menores, quienes están expuestos a olores nauseabundos y el riesgo de contraer enfermedades, producto de plagas y otras afecciones propias de la mala disposición de residuos de la planta.
Frente a estas pruebas, testimoniales e informes, que fueron presentados por el fiscal en sus fundamentos, la jueza ordenó hacer lugar a la medida solicita, como una ampliación de la clausura preventiva, por lo que ordenó que los responsables de la empresa sean notificados de la misma.
La magistrada ordenó que en el plazo de 5 días, la empresa retire de las instalaciones los animales. Asimismo, y tal como lo planteó la fiscalía, la medida fue dispuesta bajo apercibimiento de que en caso de no ser cumplida, se tendrá a los responsables de la firma como pasibles del posible delito de desobediencia judicial.
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