A mediados de abril personal de Gendarmería Nacional apostado en el norte provincial efectuó varios allanamientos, uno de ellos fue en la sede de la Subdelegación de la Policía Federal de San Ramón de la Nueva Orán. A partir de ese momento comenzaron a caer sospechados efectivos de esa fuerza. Primero fueron cuatro y en las últimas horas el fiscal federal Eduardo Villalba amplió la acusación que llegó a cuatro policías más. Son ocho los uniformados federales acusados de robo agravado, abuso de autoridad y asociación ilícita.
Las investigaciones se llevan adelante por la Procunar NOA, a cargo de Villalba, con la participación de la Procuraduría de Nacocriminalidad (Procunar) en manos del doctor Diego Iglesias, y el auxiliar fiscal Matías Álvarez. Los nuevos policías federales imputados son: David Sebastián Torres, Juan Manuel Rollano Manriquez, Hernán Florentino Arroyo y Sergio Ramón Salinas Núñez, que se suman a Helvio Rodrigo Reyes, Gonzalo Damián Díaz, Robinson Sebastián Orellana y Nicolás Rivero.
La ampliación de la investigación, tal como sucedió al abrirse el caso, se realizó ante el juez federal de Orán, Jorge Gustavo Montoya, quien formalizó estas nuevas acusaciones e hizo lugar a los diversos planteos solicitados por la fiscalía, entre ellos la prisión preventiva de Torres por un lapso de 30 días.
Antes de acordar el encuentro, Reyes y Díaz se presentaron en el comercio de la víctima. Primero solicitaron 15 kilos de hojas de coca, luego Reyes -se identificaba como “Willy Rueda”- pidió 130 y al final arreglaron por 60 kilos a $200 mil. Torres es el propietario del Peugeot 207 utilizado y abordado por Marnríquez, Arroyo y Núñez para simular el procedimiento.
Desde la Procunar NOA, Villalba, junto al auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, iniciaron la investigación a partir de la denuncia de un comerciante de esa ciudad, quien expuso un falso procedimiento llevado adelante por los acusados con el fin de apoderarse de 53 kilos de hojas de coca y la suma de 50 mil pesos.
Tal como lo expuso Villalba al formalizar la investigación penal, todo se desató cuando el comerciante, conocido vendedor de hojas de coca en el norte provincia, subió a las redes sociales una oferta del rubro en días en que el producto, por la pandemia COVID- 19, escaseaba y el valor había ascendido.
En ese marco, el comerciante contó que acordó con uno de los policías acusados, Reyes, quien utilizó un nombre falso para pactar la transacción de compra de hojas de coca, un encuentro frente a un corralón de esa ciudad, sobre la avenida Fassio. Según surge de la causa, allí Reyes y Díaz, otro de los policías imputados, se presentaron para adquirir la mercadería, pero apenas cruzaron palabra apareció en escena un vehículo no identificado de la Policía Federal, que simulando hacer un procedimiento se llevó los 53 kilos de hojas de coca y los 50 mil pesos que tenía el comerciante, al parecer, producto de otra venta.
Tras la denuncia del comerciante, la procuraduría especializada avanzó con las investigaciones y pudo reunir otras pruebas, lo que permitió en los últimos días solicitar una nueva audiencia a fin de formalizar nuevas acusaciones que incluyeron a otros cuatro policías más.
A los fines de fundar la peligrosidad de Torres en la investigación penal, el fiscal reveló el mensaje que el policía envió a un subalterno para que no fuera a ver las cámaras del Sistema de Emergencias 911, tarea que justamente debía efectuar el personal. "No vayas a ver las cámaras, después te explico, decile al sub que ahí no hay cámaras, es un puterío entre "el negro' y Reyes", fue la orden de Torres al subalterno.
La coca confiscada no aparece
La hoja de coca en los últimos meses tuvo un crecimiento en el precio que llegó incluso a empardar el valor callejero gramo por gramo con la cannabis sativa.
Los único negocios, muy conocidos, que en todo momento distribuyeron el vegetal a precios siderales. Llegaron a cotizar el oro verde del trópico a precios superiores a los 20.000 pesos el kilo.
Bolsitas de hasta 10 gramos se vendieron durante los meses pasados de cuarentena.
La pregunta es obvia. Nadie conseguía coca y estos negocios del gramo por gramo sí.
Ninguna investigación al respecto. Silencio cómplice.
Solo declamaciones e intentos de abordar la temática de su importación legal.
Mientras eso sucedía, los salteños pagaron la hoja de coca más cara del mundo en un negocio alimentado por personas aún sin investigar.
Finalmente, un cargamento de centenares de kilos de hoja de coca (decomisado), transportado en un camión secuestrado al narcotráfico recaló en Salta. Imágenes mostraron cómo se repartieron algunos kilos. Nadie más vio ni dijo nada al respecto, mientras eso sucede, el precio sigue tan irreal como la escasez del producto.
fuente el tribuno
