Los directivos del Profesorado de Salta desvincularon a varios de sus empleados, desobedeciendo las normativas promulgadas por el Presidente de la Nación Argentina y el Gobernador de Salta que ordenan proteger los derechos de los trabajadores en contexto de Pandemia.
A pesar de la promulgación de la Ley de Emergencia Publica N° 27541, que en su ART. 2 prohíbe los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo, durante el mes de Mayo, la Rectora del Profesorado de la Provincia de Salta, Prof. Antacle Claudia cesanteó a varios de sus empleados administrativos y preceptores, justificandose bajo la premisa de que el establecimiento no cuenta con fondos suficientes para cubrir sus sueldos. Según los dichos de la Rectora, la remuneración de estos empleados se recauda mediante el cobro de inscripciones a los alumnos, permisos de examen, constancias y estados curriculares.
Estos empleados se encontraban trabajando totalmente en negro, cobrando un monto indigno que oscilo entre los tres mil y seis mil pesos durante los últimos años, sin contemplar aportes patronales, obra social, prestaciones de seguro social y ART.
Los trabajadores cumplían con su jornada laboral, atendiendo las necesidades de más de 1.800 alumnos, que estudian en los cinco Profesorados que desde allí se imparten (Biología, Geografía, Matemática, Historia, Física, Química), bajo las reiteradas promesas de ser blanqueados e incluidos en el Sistema de Educación como personal permanente.
Ante la gran aflicción familiar y económica, los damnificados decidieron enviarle una nota a la mayor autoridad de la institución para reveer sus derechos laborales, rechazando el intento de desvinculación, sin embargo hasta el día de la fecha no recibieron ninguna respuesta.
Al parecer, el contexto de Pandemia fue la oportunidad ideal para realizar este recorte de personal informal, poniendo por sobre los derechos y el cuidado de las personas, un interés económico primordial, demostrando nuevamente que la precarización laboral genera toda clase de extorciones y arbitrariedades.
Los empleados solicitan el apoyo de toda la comunidad educativa y sus autoridades para defender sus derechos adquiridos y sacar a la luz dichos despidos encubiertos.
