La Cámara baja aprobó ayer la incorporación al sistema de protección provincial herramientas destinadas a garantizar la seguridad de las mujeres que padecen actos de violencia y a resguardar su integridad. Se trata de medidas de protección y seguridad, en consonancia con las disposiciones de la ley nacional 26.485.
La propuesta legislativa es ampliar las medidas del artículo 10 de la ley provincial 7888, incluyendo una medida de carácter urgente y excepcional, según el caso, tendiente a neutralizar el riesgo de la integridad de la víctima e impedir su revictimización, trasladando dicha restricción al agresor, fundamentó la autora de la iniciativa, diputada por Capital, Silvia Varg.
El proyecto, que pasó al Senado en revisión, modifica el inciso q) del artículo 10 de la ley 7888 de Protección contra la Violencia de Género.
El nuevo texto establece disponer regla de conducta que resulte adecuada para prevenir la comisión de nuevas infracciones y toda otra medida que considere conveniente. En su caso, y teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de la víctima o de su grupo familiar, el juez podrá imponer consigna policial en el domicilio denunciado por el agresor, por el tiempo que resuelva conveniente”.
El segundo artículo incorpora como inciso s) del artículo 10 de la ley 7888 el siguiente texto: “prohibir la comunicación del agresor hacia la víctima por cualquier medio informático o cibernético o de mensajería instantánea; relacionarse, entrevistarse o desarrollar conducta similar con relación a la víctima o su grupo familiar”.
Este lamentable caso fue mencionado por varios diputados y la mayoría de los oradores coincidieron en subrayar que Salta es una de las jurisdicciones en las que mayores casos de violencia se producen en contra de las mujeres.
fuente el tribuno
